Desde fines del año 2000 una diversidad de actores con distintas experiencias y trayectorias de vida y militancia confluyeron frente a la necesidad de avanzar con la búsqueda de víctimas de la desaparición forzada en Tucumán correspondientes al período 1975-1983. En este marco, un grupo de docentes y estudiantes de la Carrera de Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), familiares de víctimas de la desaparición forzada, abogadas querellantes, ex militantes, sobrevivientes del genocidio y organismos de DD.HH., comenzaron a reunirse en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en la Capital tucumana.
En este marco, y a partir de los testimonios de ex militantes, en noviembre del año 2001 se realiza una primera visita a una finca citrícola en la periferia de Villa Muñecas, al oeste de la Capital. Como resultado de esa visita, y tras un informe que habilitará una denuncia formal ante la Justicia Federal de la provincia de Tucumán, en abril del año siguiente se inicia el trabajo forense sistemática en la denominada Finca de Vargas (donde finalmente se encontró el denominado Pozo de Vargas). Paralelamente, y a partir de un espacio cedido por el Instituto de Arqueología y Museo (de la UNT), se concreta el lugar físico donde comenzaría a funcionar el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán.
Algunos de los integrantes del CAMIT, entonces, fueron quienes iniciaron la investigación forense referida a crímenes de lesa humanidad en Tucumán hacia fines del año 2001. En el año 2005 también dieron comienzo a la investigación en el predio militar Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, identificando –a partir del trabajo forense de campo y laboratorio– las funciones de distintos sectores de este territorio militar como parte de un Centro de Exterminio.
En el año 2009 se formaliza la constitución del CAMIT. Desde entonces, es el equipo encargado de la investigación en el Pozo de Vargas. Además de continuar con ciertas pericias en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga (por ejemplo, entre los años 2010 y 2011 realizó la primera intervención arqueológica en el interior de un espacio de reclusión local, en el Galpón Nº 9, o contribuyendo a dilucidar la dinámica concentracionaria a partir de las fotografías aéreas, etc.) y llevar adelante otras investigaciones en Tucumán, también participó de pericias forenses en las provincias de Chaco (Casa de la Memoria, en Resistencia, y en las cercanías del Arroyo Guaycurú) y Corrientes (Cementerio de Empedrado).
Finalmente, es importante destacar que la investigación en el Pozo de Vargas posibilitó recuperar e identificar a más de un centenar de hombres y mujeres víctimas de la desaparición forzada, contribuir con pruebas irrefutables sobre la dinámica represiva durante la segunda mitad de la década de 1970, aportar información sobre la trayectoria concentracionaria de muchas de las personas recuperadas, acompañar el retorno de éstas (la restitución) a las familias y contribuir a los complejos procesos de memoria postdictadura.