Desde finales del año 2000, un grupo heterogéneo de actores con experiencias de vida y trayectorias diversas se reunió en distintos lugares para abordar la necesidad de continuar la búsqueda de personas desaparecidas.

En el marco de la formación de un equipo local y a partir de los encuentros de un grupo de investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y del Instituto Miguel Lillo (Universidad Nacional de Tucumán), que se reunieron con denunciantes, familiares, ex militantes y sobrevivientes, así como con organizaciones de derechos humanos (en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, en un departamento del centro y en un espacio facilitado por el Instituto de Arqueología y Museo de la UNT), en noviembre de 2001 se elaboró un informe basado en una investigación que finalmente llevó a una denuncia formal ante el Juzgado Federal de Tucumán y al inicio de los trabajos forenses en la Finca Vargas el 24 de abril de 2002.

Hacia 2002, algunos miembros del CAMIT iniciaron investigaciones forenses sobre crímenes de lesa humanidad en Tucumán, fundando el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán. Tres años después de la constitución del equipo, se inició una investigación en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, donde, como fase preliminar a la inspección in situ, se realizó un análisis de la documentación disponible, una interpretación fotográfica, la revisión de los testimonios de los sobrevivientes, etc., lo cual permitió identificar preliminarmente el edificio mencionado en las denuncias como espacio de detención (el Depósito n.º 9). A partir de 2009 se constituyó formalmente el CAMIT. Fue fundado por integrantes con experiencia en ciencias forenses desde 2002 e incluyó también miembros provenientes de universidades públicas. En resumen, desde 2009 el CAMIT es un equipo que trabaja en la propiedad donde se encuentra la fosa clandestina de Pozo de Vargas y ha realizado diversas pericias en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga (fotointerpretación, arqueología arquitectónica en el espacio de detención conocido como Depósito n.º 9, etc.) y en las provincias de Chaco y Corrientes.

Los Desaparecidos en Argentina representan una de las páginas más oscuras de la historia del país, herencia de la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983. Durante ese período, el régimen llevó a cabo una brutal represión contra opositores políticos, estudiantes, sindicalistas, intelectuales y niños sospechados de tener ideas subversivas.

El contexto histórico

El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado militar derrocó a la presidenta Isabel Perón, instaurando un régimen militar liderado por el general Jorge Rafael Videla. Así comenzó la llamada “Guerra Sucia”, una campaña de terrorismo de Estado destinada a eliminar cualquier forma de disidencia.

Represión forzada

El gobierno militar no impuso límites a las detenciones y encarcelamientos de opositores: miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en secreto. Muchos fueron arrojados vivos al mar desde aviones de la muerte, mientras que otros fueron ejecutados en centros clandestinos de detención. Sus familias nunca recibieron información sobre su destino, y hasta el día de hoy muchos cuerpos no han sido recuperados.

Se estima que el número de desaparecidos oscila entre 30.000 y 45.000.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

Ante esta tragedia, en 1977 un grupo de madres de desaparecidos comenzó a protestar pacíficamente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada en Buenos Aires. Las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia.

Otra importante organización, las Abuelas de Plaza de Mayo, luchó por recuperar a los niños nacidos en centros clandestinos de detención y entregados ilegalmente en adopción a familias cercanas al régimen. Algunos de esos niños, hoy adultos, descubrieron su verdadera identidad solo muchos años después.

El regreso de la democracia y los juicios

En 1983, con el fin de la dictadura y el regreso a la democracia, el presidente Raúl Alfonsín inició los primeros juicios por responsabilidad. Las Fuerzas Armadas fueron juzgadas en 1985, pero luego varios miembros del régimen obtuvieron impunidad mediante leyes aprobadas en los años 90.

Recién en 2005, con la anulación de las leyes de amnistía, se pudieron reabrir los procesos, enjuiciando a numerosos ex militares y funcionarios públicos.

La memoria hoy

Aún hoy, cada 24 de marzo, Argentina conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El país sigue caminando y enfrentando su pasado, comprometido con devolver identidad a los desaparecidos y justicia a todas las familias.

Los desaparecidos no fueron solo un fenómeno argentino, sino un símbolo universal de la lucha contra la violencia y la impunidad del Estado.